Sergio Muñoz – Olvidados En La Reforma Procesal Penal

  Fuente: Entrevista realizada por diario La Tercera a Sergio Muñoz (Presidente Corte Suprema) “Aspectos olvidados de la Reforma han sido las víctimas y los testigos” Pasan los meses y la permanencia del ministro Sergio Muñoz como presidente de la Corte Suprema va llegando a su fin. El primer representante del Poder Judicial termina su […]

 

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Fuente: Entrevista realizada por diario La Tercera a Sergio Muñoz (Presidente Corte Suprema)

Aspectos olvidados de la Reforma han sido las víctimas y los testigos”

Pasan los meses y la permanencia del ministro Sergio Muñoz como presidente de la Corte Suprema va llegando a su fin. El primer representante del Poder Judicial termina su período este año y a comienzos de 2016 deberá traspasarle el mando a su sucesor, quien saldrá de una quina propuesta por el máximo tribunal.

¿En qué ayudó al Poder Judicial el instaurar una Reforma Procesal Penal?
El Poder Judicial tenía, por encargo legislativo, la fase de investigación, acusación, el juzgamiento y el dictar una sentencia. Todo concentrado en un solo magistrado. Y eso se estimó que atentaba contra los derechos de los imputados, fundamentalmente.
¿Y en qué favoreció, entonces, a los imputados?
Estaban huérfanos de derechos, y se pasó a un sistema que se estableció de garantías. Debía efectuarse alguna transformación dentro de la administración de la justicia de la época. Y, viéndolo ahora, fue adecuado. Siempre se ha pensado hacer ajustes a este modelo y fundamentalmente he abogado, desde mi parte, que uno de los acentos que marcó la reforma fue el imputado, lo que me parece bien, pero otros aspectos olvidados han sido la víctima y los testigos, los actores no institucionales.
¿Podría ser esa la deuda de la reforma?
No sé si una deuda. Es más bien una adecuación que se tiene que profundizar. Incluso yo avanzaría un poco más en revisar lo que es la participación de la persecución penal. Toda la titularidad de la persecución penal está en el Ministerio Público y la víctima no tiene mucha participación, ese también es un aspecto que hay que revisar. Además, hay que equiparar la presencia de la Fiscalía con la Defensoría. Se tiene que avanzar a una Defensoría Pública, en el mismo estándar constitucional que el Ministerio Público, autónoma, y que pueda tener diferentes ramas: penal, laboral, de familia, de las pequeñas causas, civil.
¿Sería necesaria una defensoría de las víctimas?
Yo creo que a toda persona que no está en condiciones de asumir su propia defensa, por aspectos económicos, el Estado debe darle las garantías para enfrentar un proceso con una asesoría adecuada: esté en la posición de víctima o testigo, o en la que se encuentre, porque la Constitución establece la asesoría jurídica, y eso es lo que se tiene que hacer realidad, porque ése es un acceso a la justicia igualitaria y efectiva. De otra manera, queda en un buen romance establecido en la Constitución, pero que no se lleva a la práctica.
Esto en cuanto a lo que se podría profundizar. Entonces, ¿en qué instancia le falta algo a esta reforma?
En las etapas posteriores a la sentencia o la medida cautelar de prisión preventiva. Como sociedad debemos preocuparnos de la resocialización de los imputados y de la justicia restaurativa para las víctimas. Son dos aspectos que nosotros debemos considerar como sistema, que no pueden limitarse en la mediada cautelar a la prisión. Y no puede aplicarse como justicia restaurativa, en las disculpas o pequeñas indemnizaciones a las víctimas. Yo creo que los dos aspectos son dignos de considerar: tanto el imputado, como la víctima. Que el Estado o el sistema se haga cargo de la recuperación de las personas. Esa yo creo que es la instancia en que en estos momentos se está demandando una mayor presencia del Estado. En definitiva, en una palabra: el aspecto social de la criminalidad.
¿Urge, entonces, una reforma al Código Penal para adaptarla a la reforma procesal?
Lo que ocurre es que hay ciertas instancias legislativas que van modificando las leyes a clamores populares esporádicos, por la intensidad de ciertos delitos. Por ejemplo, los robos con intimidación tienen la misma pena que el homicidio. Entonces, en una escala de valores, la vida no puede estar al mismo nivel que la propiedad. Lo que ocurre es que el legislador, cuando piensa un texto, hace una propuesta armónica de todas las penas y estructura todas las penas en función del bien jurídico en la forma como lo estime protegido. Pero después, al caminar, se va modificando o intensificando uno, haciendo más blando otro y se empieza a generar una descoordinación, una falta de armonía (…). Es por eso que podemos dictar el Código Penal, pero yo aseguro que al cabo de 10 años vamos a tener una incidencia del legislador que ha modificado las penas. Lo que nos hace falta es establecer un sistema coherente en lo que se refiere al bien jurídico protegido y a la gravedad de las penas.
Fallos microtráfico.
Ayer la fiscalía responsabilizó al Instituto de Salud Pública de no establecer la pureza de la droga incautada en causas de microtráfico, lo que ha valido que la Corte Suprema anule 10 juicios por estos delitos.
Respecto de este tema, ¿qué tan importante es clarificar la pureza de una droga para determinar si es microtráfico?
Hay normas expresas que prohíben a los jueces emitir juicios de esta naturaleza. Lo único que puedo decir es que, en todos estos casos, el sistema da facilidades para que todos los aspectos que están relacionados con la discusión de un ilícito se produzcan (…). Ahora, respecto del fondo, siempre pueden haber críticas negativas o positivas. La negativa va ser que estamos dando un mal mensaje a la ciudadanía, pero lo que yo puedo decir es que los jueces no dan mensajes a la ciudadanía, aplican la ley. Y la otra crítica es que, sin estar determinada la pureza de la droga, podemos estar ante un delito imposible. Por ejemplo, con un arma de fogueo se apunta a una persona y se le dispara, creyendo que lo va a matar y no lo mata. Ese es un delito imposible, no es un atentado a la vida. Aunque exista la mayor convicción de una persona está vendiendo droga y la otra comprando, si no es droga, no hay delito. Tiene que haber un elemento objetivo. Eso lo que evalúan los tribunales.

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