Media prescripción, discusión de beneficios alternativos con posterioridad a la sentencia.

  Media prescripción, discusión de beneficios alternativos con posterioridad a la sentencia Normas Asociadas: CP ART.98; CP ART.103; CP ART.366 bis; Materias: Causales extinción responsabilidad penal; Circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal Descriptores: Prescripción de la pena; Remisión condicional de la pena PREGUNTA Imputado condenado el 08 de septiembre de 2007 por el delito de […]

 

Media prescripción, discusión de beneficios alternativos con posterioridad a la sentencia

Normas Asociadas: CP ART.98; CP ART.103; CP ART.366 bis;

Materias: Causales extinción responsabilidad penal; Circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal

Descriptores: Prescripción de la pena; Remisión condicional de la pena

PREGUNTA

Imputado condenado el 08 de septiembre de 2007 por el delito de abuso sexual del artículo 366 bis a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo. Los hechos ocurren entre octubre de 2003 y Junio de 2004. No se otorgan beneficios porque el TOP no ha tenido a la vista el Informe Presentencial. Defensa en juicio a cargo de abogado privado.

Imputado no asiste a la audiencia de lectura de sentencia. Imputado jamás ingresa a cumplir la pena.

Nos ha llegado la solicitud a la DPP del imputado, quien requiere de nosotros alegar la media prescripción de la pena en atención al texto del artículo 97 del Código Penal.

Nuestra opinión: De conformidad al artículo 98 del CP, ha transcurrido más de la mitad de la pena. Se ha impuesto una pena de simple delito (presidio menor en su grado máximo), la prescripción de este tipo de penas es de 5 años y han transcurrido casi 3 años desde la fecha de la sentencia. La circunstancia que el imputado no se haya presentado a la audiencia de lectura de sentencia no impide el curso del tiempo de prescripción, puesto que el artículo 98 es claro al señalar que la prescripción de la pena comienza a correr desde la fecha de la sentencia de término.

El artículo 103 del Código Penal establece que transcurrido la mitad del tiempo exigido de prescripción, el hecho deberá ser considerado como revestido de dos o más circunstancias atenuantes muy calificadas y de ninguna agravante. Luego aplicar las normas de los artículos 65, 66, 67 y 68 para disminuir la pena. Es decir, la media prescripción tiene efectos sobre el hecho (circunstancias modificatorias y marco penal aplicable).

Nuestra consulta:

(I) Una vez modificada la pena, ¿es posible discutir nuevamente los beneficios alternativos al cumplimiento de la pena privativa de libertad? Es decir, rebajada la pena a 541 de presidio menor en su grado medio, ¿Se puede otorgar remisión condicional de la pena?, ¿O por el contrario los efectos de la media prescripción sólo se extienden  a aquello expresamente señalado en la ley (circunstancias modificatorias y determinación de pena)? No vemos inconveniente legal para extender los efectos de la disminución de la pena a los eventuales beneficios de la Ley 18.216, porque el 103 se refiere al hecho y no a la sentencia.

(II) La falta de asistencia del imputado a la audiencia de lectura de sentencia ¿impide alegar la media prescripción o prescripción en su caso?

RESPUESTA

(I) Si bien es cierto que la ley se refiere a que el hecho deberá ser considerado como revestido de dos o más circunstancias atenuantes muy calificadas de ninguna agravante, es también cierto que, en general, las atenuantes y agravantes de carácter objetivo o material, apuntan al hecho, pero no se restringen a eso. Es decir, la aplicación de la media prescripción influye en el marco penal y en principio se limita a eso. La procedencia de alguna medida de cumplimiento alternativo es una cuestión distinta, pero que no se verá excluida por la aplicación del art. 103 CP. Es decir, si la referencia al hecho implica una limitación, luego todas las circunstancias modificatorias de responsabilidad debieran quedar igualmente restringidas.

Antes que todo hay que tener en consideración que la Ley 18.216 tiene un criterio de prevención especial con fines resocializadores de la pena. Por consiguiente, lo que se pretende con estas medidas alternativas es hacer que la pena sea efectiva, en tanto mantenga alejado el sujeto de actos que revistan caracteres de delito. [1]. Si esto ha sido así durante el tiempo que se ha abstenido de cumplir la pena, bueno pues no habría inconveniente para otorgarle los beneficios. Por lo demás, ya el art. 103 CP opera con una lógica que tiende al beneficio del imputado:

“…hinca su fundamento en las mismas consideraciones de estabilización social y seguridad jurídica […], y se hace cargo de que a la realización de esas aspiraciones no se llega con un golpe fulminante, sino al cabo de un proceso gradual, y por eso, mientras más cercanas estén y más haya ganado la comunidad en tal sentido, menor ha de ser la responsabilidad del delincuente” [2].

Considerando que los criterios de resocialización son los que se han tenido a la vista en la Ley 18.216 y en el art. 103 CP, es aconsejable que para el día en que el sujeto se presente, se acompañe en ese mismo acto un informe sobre antecedentes sociales que den cuenta de su buen comportamiento y de su reinserción a la sociedad. En este sentido, los criterios de favorabilidad que ha establecido el legislador no se limitan sólo a razones sustantivas, sino que también a todos aquellos factores que puedan llevar a un cumplimiento que resulte más favorable. Este criterio ya se ha explicitado por la Corte Suprema en sentencia de 2 de julio de 2009 a propósito de los efectos de la ley penal en el tiempo, a saber:

SÉPTIMO: Que la literalidad del inciso tercero recién citado no limita la razón jurídica que fluye de una interpretación sistemática de este precepto con la Carta Fundamental. En efecto, la Constitución habla de ley más favorable, con lo que se refiere no sólo a la pena específica que la ley señala en abstracto, sino también a otros aspectos penales sustantivos que puedan mejorar la situación jurídico material de los sentenciados.

Así La nueva ley puede ser más favorable, sea porque con arreglo a ella la pena no tiene ya que ser infligida, sea porque la pena que debe infligirse, de acuerdo con la nueva ley, es menos severa (Sergio Politoff, Jean Pierre Matus y María Cecilia Ramírez: Lecciones de Derecho Penal Chileno, Parte General, Editorial Jurídica de Chile, año dos mil cuatro, página 133.)

En el mismo sentido dice Novoa no han de compararse solamente las penas previstas en las dos leyes en juego, sino que debe apreciarse su contenido total en sus consecuencias penales y ello en relación directa con el caso concreto de que se trata (Eduardo Novoa Monreal: Curso de Derecho Penal Chileno. Parte General, Editorial Jurídica ConoSur, 2ª edición, Santiago, 1985, páginas 200 y siguientes)

OCTAVO: Que lo expuesto implica, precisamente, que en este caso se está en presencia de la hipótesis contemplada en el artículo 18, inciso tercero, del Código Penal, alegada por la asistencia letrada del condenado, pues conforme con lo que se viene señalando la ley penal más benigna no es sólo la que desincrimina o la que establece una pena menor, pues puede provenir también de otras circunstancias, como una nueva modalidad ejecutiva de la pena, el cumplimiento parcial de la misma, las previsiones sobre condena condicional, probación, libertad condicional (Eugenio Raúl Zaffaroni y otros: Derecho Penal. Parte General, Editorial Ediar, Buenos Aires, año 2003, página 121)[3].

Hay que tener en consideración que para sostener que se pueden reclamar los beneficios de la Ley 18.216, es necesario además señalar que la sentencia que dicta el juez debe ser una sentencia conforme al art. 348 del Código Procesal Penal. Sostener que el juez debe pronunciar una sentencia conforme a estos requisitos, hace exigible este pronunciamiento.

(II) La falta de asistencia del imputado a la audiencia de lectura de sentencia es irrelevante para efectos de hacer valer la media prescripción conforme al art.  103 del Código Penal. La audiencia de lectura de sentencia no es aquéllas que requiere la presencia del imputado como un requisito de validez. El art. 346 del Código Procesal Penal también es claro al respecto, y dispone:

Art. 346. Audiencia de comunicación de la sentencia. Una vez redactada la sentencia, de conformidad a lo previsto en el artículo 342, se procederá a darla a conocer en la audiencia fijada al efecto, oportunidad a contar de la cual se entenderá notificada a todas las partes, aun cuando no asistieren a la misma.

No es exigencia que las partes asistan, la sentencia tiene validez igual y la audiencia también. Tal como señalan Horvitz y López respecto a esta audiencia:

“Una vez redactada la sentencia, se procederá a darla a conocer en la audiencia fijada al efecto, oportunidad a contar de la cual se entenderá notificada a todas las partes, aun cuando no asistan a la misma”[4]. A su vez, Etcheberry señala respecto a la prescripción que “[t]erminados todos los recursos interpuestos o la posibilidad de interponerlos, comienza la prescripción de la pena, aunque el ‘cúmplase’ no esté notificado al condenado”[5].

Que la persona haya acudido o no a la audiencia no tiene incidencia respecto de los plazos, ni tampoco respecto de la validez de ésta respecto del condenado o absuelto. Por consiguiente, no hay inconveniente en alegar respecto de él la media prescripción. Por otra parte, hay que tener en consideración que la regla del artículo 103 del Código Penal es una regla sustantiva, mientras que la regla del artículo 346 del Código Procesal Penal es una regla adjetiva, que regula cuestiones procesales. No hay que confundir criterios, pues son regímenes que si bien están relacionados tienen criterios legitimadores diferenciados. Como apoyo a la procedencia de la media prescripción en este caso, es preciso mencionar que la Corte Suprema en casos de atentados a los derechos humanos ha hecho procedente esta disposición[6]. Uno podrá estar o no de acuerdo con el criterio utilizado por la Corte, pero siendo estrictos en los términos y utilizando un argumento a fortiori siendo el reproche en los crímenes de lesa humanidad mayor que en un delito común, es razonable que si en éstos crímenes se aplicó el beneficio de la media prescripción, con mayor razón se aplique en los otros. En opinión de Nogueira:

“Por otra parte, la media prescripción como institución de derecho interno sólo es aplicable a los delitos comunes respecto de los cuales los procesados (en el contexto del proceso penal antiguo) se presenten o fueren habidos durante el proceso y no en el caso de que ellos están presentes durante todo el proceso penal”[7].

El tribunal tiene como imperativo legal aplicar la media prescripción, no es una facultad del tribunal, es un deber. La ley es clara desde que dice “deberá”.

 

Fuente: Alejandra Castillo Ara – Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública.

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[1] Roxin, C: Derecho Penal, parte general, (Madrid: Ed. Civitas, 2003), p. 85.

[2] Guzmán, J: “De la extinción de la responsabilidad penal” en Texto y comentario de Código Penal chileno, (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2002), p. 483.

[3] Sentencia CS, ROL N° 1630-2009, de 2 de julio de 2009.

[4] Horvitz, M y López, J: Derecho Procesal Penal chileno, tomo II, (Santiago: Editorial Jurídica de Chile), p. 345.

[5] Etcheberry, A: Derecho Penal, parte general, (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1998), p. 260.

[6] Entre otras, sentencia SC ROL N°3808-06 de 30 de julio de 2007; sentencia SC ROL N°6188-06 de 13 de noviembre de 2006; sentencia SC ROL N°3587-05 de 27 de diciembre de 2007.

[7] Nogueira, H: “Informe en Derecho sobre precedentes jurisdiccionales en materia de media prescripción” en Revista Ius et Praxis, año 14, N°2, p.584.

 

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